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FRANÇAISEl gobierno español aprobó una serie de medidas legales mediante decreto ley con la finalidad de ampliar la suspensión de desahucios para hogares vulnerables a nivel económico y social en los casos ya previstos por la normativa actual.
El Real Decreto-ley 21/2021 de 26 de octubre establece la prórroga hasta el 28 de febrero de 2022 de las medidas de protección social ya contempladas en los reales decretos que regulan los contratos de vivienda y desahucios.
A través de la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes, se pretende proteger a los hogares vulnerables que se encuentren en riesgo de perder su vivienda habitual.
Para poder parar los procedimientos de lanzamiento de la vivienda, estos no deben derivarse de contratos de arrendamiento, prestando especial atención a aquellos hogares donde existan personas dependientes, víctimas de violencia machista o personas con menores de edad a su cargo.
Real Decreto
El Real Decreto recoge la posibilidad de que un juez pueda suspender un desahucio siempre que los propietarios de la vivienda sean personas físicas o jurídicas titulares de más de diez viviendas. Asimismo, serán los servicios sociales competentes quienes identifiquen y analicen la situación de vulnerabilidad económica de cada caso concreto, y propongan las medidas a aplicar para resolver dicha situación.
Por otro lado, el Real Decreto también contempla la ampliación de los plazos para solicitar la moratoria o condonación parcial del alquiler cuando el arrendador sea un gran tenedor o una empresa o entidad pública, por lo que la medida no afecta a los pequeños propietarios.
También quedan ampliados los contratos de arrendamiento de vivienda que puedan acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses cuando no se haya acordado algo distinto con el propietario del inmueble.
Por último, también se amplía el plazo durante el cual los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria prevista en el RD-ley 11/2020 puedan solicitar la compensación recogida en el paquete de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes del RD-ley 37/2020.